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 A
pesar de la actual trayectoria hacia el incumplimiento de
Kioto por parte de España, la política energética
está enfocada a favorecer los intereses económicos
de las grandes compañías eléctricas,
como bien demuestra el Plan
de Infraestructuras de Electricidad y Gas para 2002-2011.
Esta planificación incluye más de 35.000 MW
en centrales térmicas que añadirían 18
millones de toneladas de CO2 netas al año, dificultando
gravemente el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Así
mismo, no existe una política coherente con el Protocolo
de Kioto sobre otro de los sectores que mayores emisiones
supone como es el transporte. De hecho el sector energético
(generación de electricidad, transporte, diversas industrias
y otros) es el mayor responsable del total de las emisiones,
representando en 2002 casi el 80% del total, con un aumento
de más del 40% respecto a 1990.
Lamentablemente, este Plan
Energético tiene muy poca credibilidad, y así
lo hizo saber Greenpeace
en sus Críticas a la Planificación energética,
pues se elabora sobre la base de hipótesis muy discutibles
como un crecimiento económico sostenido y precio del
petróleo estable toda la década. Así
mismo, el escenario planteado nos lleva a la ineficiencia
energética. No se propone nada en esta planificación
para evitar la pérdida de eficiencia energética
que venimos sufriendo, ya que el consumo de energía
primaria ha crecido en los últimos 10 años casi
un 37%, mientras en ese mismo período el Producto Interior
Bruto ha crecido un 29,5%.
En este sentido, el Gobierno
aprobó a finales de 2003 la
Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética
(E4) para el periodo 2004-2012 en Consejo de Ministros.
Lamentablemente, la propia estrategia asume que en el 2012
las emisiones de gases de efecto invernadero van a aumentar
un 58% con respecto a 1990, mientras que el compromiso español
en Kioto es no aumentar por encima del 15%. Sin embargo la
Comisión Europea, en el Programa Europeo de Cambio
Climático, ha demostrado que medidas en Ahorro y Eficiencia
y Gestión de la Demanda permitirían a la Unión
Europea lograr una reducción de emisiones del DOBLE
del 8% al que se ha comprometido en el Protocolo de Kioto.
Una de las críticas
de los ecologistas a la E4 es que no conseguirá
que se ahorre energía, sólo que el consumo energético
aumente un poco menos, ya que el objetivo se establece en
base al hipotético ahorro que se produciría
en 2012 en caso de que no se hiciese nada. El objetivo del
Gobierno en la E4 es totalmente insuficiente, pues intenta
camuflar un aumento del consumo de energía de casi
el 40% entre 2000 y 2012 y reducir sólo un 7,2% la
intensidad energética primaria (energía primaria
necesaria para producir una unidad de Producto Interior Bruto),
mientras que en Europa esta reducción se estima en
un 13% para el 2010.
Existe una grave falta de coordinación
de la E4 con la Estrategia Española para el cumplimiento
del Protocolo de Kioto. Es también evidente la falta
de integración con el Plan de Infraestructuras de Electricidad
y Gas, ya que no existe una planificación integrada
de los recursos basada en la demanda.
La E4 no contiene los instrumentos
reglamentarios y normativos que faciliten u obliguen a los
sectores a reducir su consumo energético. El Gobierno
invertirá sólo dos mil millones de euros en
ahorro y eficiencia energética, mientras que esperan
que la inversión privada sea de 24 mil millones de
euros, a pesar de no haber establecido medidas o elementos
fiscales que incentiven esta inversión.
Es imprescindible realizar
una correcta planificación e integración de
todas las estrategias y planes surgidos no sólo para
cumplir Kioto, sino para establecer una base sólida
y estable sobre la que se consiga avanzar más allá
de este compromiso internacional.
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